Lo que está ocurriendo en estos momentos con la comunidad indígena urbana Shipibo – Konibo en Cantagallo es una atrocidad. “De acá nadie nos mueve”. Esto es lo que dice y piensa la mayoría de los damnificados del incendio. Y no lo van a hacer por dos razones. Primero, por la desconfianza extrema en una gestión municipal corrupta y desastrosa que les arrebató un sueño y, segundo, por miedo a perder lo único que les queda: el derecho de posesión de un pedazo de tierra que hasta ahora no puede convertirse en una propiedad saneada y debidamente registrada. 

A raíz del incendio en Cantagallo, se ha generado un movimiento solidario inmenso y valioso con una comunidad que lo ha perdido casi todo. Los únicos grandes ausentes, hasta este momento, son las empresas privadas que no han dicho “esta boca es mía”. Pero dejar la responsabilidad de dirigir las acciones en Cantagallo, en manos de la sociedad civil o de la MML, es un error monumental de parte del Estado. 

El Estado ha decidido NO CUMPLIR sus funciones ante este desastre que en cualquier momento puede convertirse en una emergencia sanitaria. Por ley, en estos casos el Estado debería dirigir y monitorear las acciones y las diversas instancias que deben actuar, gubernamentales y no gubernamentales, además de canalizar toda la ayuda de la sociedad civil que está llegando en términos de donaciones y de mano de obra voluntaria. El Estado ha decidido dejar en manos de la MML el manejo de la situación y lo único que le interesa al impresentable de Luis Castañeda Lossio es que los damnificados se vayan a la zona de Martinete, ubicada estratégicamente al frente de Cantagallo. Esta “solución” es de corto plazo y con todo lo ocurrido, la mayoría no la va a aceptar.

En el terreno, ayer, no había nadie organizando qué se debe demoler, qué debe recogerse, así como qué y cómo debe repartirse prioritariamente. Todas las acciones están guiadas por un instinto colectivo de ayuda maravilloso pero que puede, y debería ser, más eficiente. Hasta ayer en la tarde, dos días después del incendio, esto no estaba ocurriendo. 

Cantagallo era ayer un caos en medio de la tragedia. NADIE dirigía nada. La ayuda llegaba, en diversos niveles de organización, y esquivaba a las carpas de la MML instaladas en la entrada. “No le des nada a la gente de la MML” es la consigna en las Redes Sociales que están sirviendo de medio para juntar ropa y víveres en lo que es solo la primera etapa de la cadena de ayuda. Entonces el camino es entregársela directamente a las dirigencias de las tres asociaciones. No se ha realizado un censo de damnificados y hasta ahora no se sabe exactamente cuántas familias han sido afectadas ni qué es, principalmente, lo que necesitan. No todos deben haber sido impactados de la misma manera ni tienen las mismas urgencias. MINSA y MINEDU están trabajando en carpas al lado de la MML y en el colegio intercultural, respectivamente, tratando de organizar la ayuda pero sin una articulación mayor. ADRA está en el medio del terreno acopiando y organizando las donaciones. El ejército ha enviado mano de obra para remover escombros. Otras municipalidades han colaborado con maquinaria pesada y con efectivos para brindar un poco de seguridad ¿Y el Estado, por qué no está en el terreno dirigiendo y coordinando con las autoridades comunales?

Todos los esfuerzos por ayudar a Cantagallo son buenos y encomiables, pero al nivel en que se están produciendo en este momento, adolecen de una desorganización tal que puede afectar su eficiencia. En el local comunal del Nivel III que es el otro centro de acopio en terreno, voluntarios clasifican las donaciones, preparan paquetes y en coordinación con las dirigencias comunales, salen a entregarlas. En la mayoría de los casos, en el camino y ante la demanda, terminan entregando todo a quien se los pida y vuelven al local comunal, con las manos vacías, a armar otro paquete con destinatario indefinido.

Cantagallo no queda en una zona alejada del Perú ni de difícil acceso. Está en el centro de Lima. El problema no es dónde está sino quienes viven ahí. Definitivamente, son un estorbo para los planes de la MML qué en este momento, en el que deben atender la emergencia, decide pulsear políticamente con la opinión pública para tratar de “obligar” a los damnificados a abandonar Cantagallo, sin diálogo ni garantía de nada. La gestión municipal actual decide encarar a la anterior y ésta decide pisar el palito. 

En resumen, cuando deberíamos exigirle al Estado a que tome cartas en el asunto pues la MML nos ha demostrado que no va a hacer otra cosa que cumplir con su agenda propia, estamos exigiéndole a los miembros de la comunidad a que se queden en Cantagallo en condiciones terribles y confronten a la MML, como si no fuera poco el haber perdido todo el jueves pasado, en un incendio confuso y por demás sospechoso. Hay muchas cosas que pueden mejorarse para aliviar la situación, a corto plazo, y para garantizar el derecho de posesión de los damnificados, a mediano y largo plazo. Esto es lo que el Estado debe garantizar a través de acuerdos sostenibles y no dejar que la tensión crezca entre una autoridad ineficiente, corrupta y mentirosa, y una comunidad maltratada por una Lima que, desde mi punto de vista, no la quiere.

Este no es un problema municipal. Esta situación es una emergencia de tal magnitud que el Estado debería intervenir. Y hasta ahora, no la ha hecho con la firmeza que se requiere, incumpliendo el mandato que le hemos otorgado todos los peruanos. No hacerlo, es coludirse con la MML en su plan maquiavélico. No hacerlo es seguir considerando a la comunidad indígena urbana Shipibo – Konibo, atrincherada en los escombros de Cantagallo, ciudadanos de segunda clase.